Facultades de la procuraduría general de la nación para sancionar a servidores públicos de elección popular de cara a lo dispuesto por la convención americana de derechos humanos

Abstract

En el presente texto nos proponemos dilucidar si las facultades otorgadas en el ordenamiento jurídico colombiano a la Procuraduría General de la Nación desde la constitución de 1991 – específicamente en lo relacionado con la imposición de sanciones a funcionarios elegidos mediante voto popular-, se encuentran ajustadas a los estándares señalados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para dar aplicación a lo establecido en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Para ello, analizaremos las diferentes posturas que con el discurrir de los años, han sostenido la Corte Constitucional y Consejo de Estado, relacionadas con la suspensión, destitución e inhabilidad de funcionarios de elección popular, y si las mismas se encuentran alineadas a los Tratados y Convenciones Internacionales suscritos por Colombia.