Descentralización y autonomía territorial: retos democráticos para la administración de los territorios

Abstract

La historia constitucional colombiana ha estado marcada por un conjunto de características que definen el proceso constitucional; lo que algunos autores denominan las constantes estructurales del constitucionalismo colombiano. Estas pueden clasificarse en constantes estructurales del contexto, de los contenidos constitucionales y del proceso constitucional. Dentro de las primeras se identifican la violencia, la exclusión y la precariedad; dentro de las segundas se hace mención al republicanismo, el centralismo, el presidencialismo, el confesionalismo y la tensionante y paradójica relación entre el régimen de libertades y el poder público, y dentro de las terceras se enuncian el reformismo, la volatilidad, la debilidad y la regresividad constitucional. Unidad de la República, descentralización y autonomía territorial han sido categorías constitucionales en debate a lo largo del proceso constitucional colombiano, en un contexto con las características mencionadas. La Constitución Política de 1991 le dio un protagonismo a estas categorías entre sus contenidos, cuyo alcance ha sido definido por la Corte Constitucional a lo largo de su jurisprudencia en los últimos 25 años. Mediante una revisión de literatura especializada, normativa vigente y jurisprudencia de la Corte Constitucional se describe el proceso de consolidación de la descentralización y la autonomía territorial en Colombia y el alcance que la jurisprudencia le ha dado a la descentralización y la autonomía territorial en el marco del principio de unidad de la República. Se concluye con la identificación de los principales retos a los que se enfrentan los territorios locales y sus administraciones, haciendo particular mención al alcance del principio democrático: aseguramiento de estándares de democracia social y económica, además de política, diseños institucionales que favorezcan la participación ciudadana, diseño de mecanismos informales de participación ciudadana, fomento de la cultura política y democrática y atención a los problemas estructurales de corrupción que minan la democracia.