Judicialización de integrantes de grupos delictivos organizados: un escenario de inseguridad jurídica en Colombia

Abstract

Colombia, al igual que otros Estados, le ha apostado a la creación de nuevos tipos penales, aumento de penas y agravantes a aquellos delitos en los que participan organizaciones criminales. Además, de manera reciente, han incrementado la aplicación de procedimientos penales de corte “eficientista”, de los que presuntamente se espera conjurar cualquier amenaza que emerja de ese “enemigo”. En el caso colombiano, el instrumento normativo más relevante ha sido la Ley 1908 de 2018, mediante la cual se pretende hacer frente a los Grupos Delictivos Organizados (GDO). Este marco jurídico creó nuevos criterios para determinar el peligro para la comunidad y el riesgo de no comparecencia en las investigaciones, amplió el término para la detención preventiva, incorporó una presunción probatoria sobre el origen ilícito de los bienes y previó un mayor término para el desarrollo de los actos de investigación.