Protesta social y derecho penal
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La protesta, como fenómeno social, es una realidad que se ha ido intensificando en los últimos años ante necesidades insatisfechas y/o derechos incumplidos por parte del Estado. La protesta social se regula constitucionalmente como un derecho fundamental; no obstante, su ejercicio ha generado múltiples conflictos de intereses con otros sectores de la sociedad, principalmente, con las mismas instituciones estatales. Así, es relevante preguntarse ¿en qué sentido puede afirmarse que en Colombia existen contradicciones de la criminalización de la protesta social con estándares constitucionales y normas rectoras de la Ley 599 del 2000? Para, de manera preliminar, establecer que el derecho penal ha sido empleado, en todas sus fases de criminalización, para reprimir el ejercicio de la protesta social, yendo en contra de lo constitucionalmente e internacionalmente establecido.
