Flexibilización de la prueba en los procesos de reparación directa por delitos de Lesa Humanidad a partir de la Sentencia SU - 439 de 2024 de la Corte Constitucional

Abstract

El presente artículo aborda las implicaciones que la unificación jurisprudencial del Consejo de Estado (Sentencia del 29 de enero de 2020) impone a las víctimas de delitos de lesa humanidad que buscan reparación ante la jurisdicción contencioso administrativa. Se cuestiona cómo la aplicación estricta del término de caducidad, que exige a las víctimas probar el conocimiento posterior de la imputación estatal o la imposibilidad material de demandar, obstaculiza el acceso oportuno a la justicia. La tesis defendida sostiene que esta aplicación inflexible constituye una barrera procesal irrazonable, en la medida que una real justicia demanda la flexibilización del estándar probatorio. La metodología se centra en el análisis bibliográfico y jurisprudencial para establecer el marco de responsabilidad estatal y evaluar el impacto de las decisiones judiciales.