Garantías del debido proceso en el proceso sancionatorio contractual: un estudio de caso

La Constitución Política de Colombia de 1991 establece el debido proceso administrativo, el cual asegura que los ciudadanos disfruten de un trámite justo y equitativo en las actuaciones administrativas. Esto conlleva a decisiones que son transparentes, imparciales y que respetan los derechos de los individuos. A través de una metodología documental y un análisis de jurisprudencia, esta investigación incluyó un examen detallado de las leyes relevantes y el análisis de fallos emitidos por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Se concluye que el debido proceso administrativo cuenta con un fuerte respaldo constitucional y que la jurisprudencia ha jugado un papel clave en su interpretación y aplicación, definiendo principios para asegurar decisiones justas. No obstante, aún existen retos para su implementación efectiva, lo que sugiere la necesidad de mejorar la capacitación y la transparencia en estos procedimientos.