Carga y valoración de la prueba en los procesos de trabajo complementario

Abstract

En los procesos que se elevan ante la jurisdicción, por regla general quien en principio ejerce el derecho de acción se encuentra obligado a acreditar las circunstancias fácticas en que fundan sus aspiraciones procesales, en la medida que, el operador judicial, está llamado a resolver la cuestión litigiosa con fundamento en las pruebas legal y oportunamente allegadas. Así lo prescribe el artículo 167 del Código General del Proceso, al establecer: “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Regla probatoria que no resulta ajena a la especialidad laboral, cuya aplicación se permite por la analogía dispuesta en su estatuto procedimental (artículo 145). Debido a las necesidades procesales derivadas de pretensiones sin tramitar por la imposibilidad de aportar las pruebas que las sustentaran y teniendo como fin la jurisdicción la aplicación de justicia, el derecho procesal dio un giro para morigerar las cargas probatorias impuestas de antaño, dando paso a la carga dinámica de la prueba, la cual se presenta como una opción para alivianar el gravamen que históricamente arrastra el polo activo de la Litis, que se ha venido truncando, y que no ha sido ajena a los procesos laborales, en especial, en el que se debate la realización de trabajo complementario, evidenciándose que aún cuando ya es clara la aplicación de dichas reglas para obtener decisiones justas, no solo, el juez de instancia, sino además la jurisprudencia del órgano de cúspide de la especialidad, se ha abstraído de utilizar herramientas procesales.